Manuel R. Párraga
mrparraga69@telesal.net
Caso INSEPRO
-FINSEPRO
El tema de las defraudaciones millonarias cometidas en contra
de ciudadanos honrados dentro de un marco de complicidad de parte de funcionarios corruptos y de instituciones desposeídas
de su verdadera función, fue quizá el principal motivo de escándalo, inestabilidad y dolor para miles de familias salvadoreñas
en los últimos años del siglo que acaba de terminar.
El mayor de estos es, sin duda alguna, el caso INSEPRO-FINSEPRO.
Es un caso emblemático no sólo por la cuantía de los dineros defraudados a la gente, ¢1,250 millones (143 millones de dólares),
sino por las características de las empresas financieras involucradas y de las personas responsables de la administración
de las mismas. Allí figuran los nombres de connotadas familias de rancio abolengo acusadas de perpetrar una multimillonaria
estafa que afectó a miles de personas de todos los niveles sociales y económicos y en su inmensa mayoría personas de la tercera
edad. El caso se ventiló públicamente desatando las más violentas pasiones de parte de personas que otrora serían pacíficos
ciudadanos entregados mayoritariamente a la tranquilidad de una merecida jubilación, mientras sus ahorros estaban supuestamente
depositados en las manos de las más respetables personas del mundo empresarial. Apellidos como Mathies Hill, Mathies Regalado,
Annichiarico y otros eran hasta entonces depositarios de la máxima confianza de quienes buscaban poner sus ahorros a producir
rentas atractivas en un lugar seguro. El mito se cayó. El sistema se derrumbó. El país dejó de ser el mismo. La confianza
se perdió y los círculos se volvieron mucho más cerrados y enigmáticos que nunca. Las autoridades, desde la presidencia de
la
República hasta las instituciones encargadas de velar por la seguridad económica y jurídica de las personas,
se vieron enredadas en nefastas y maquiavélicas manipulaciones, sofisticadas algunas y espectacularmente burdas las más, para
proteger intereses personales, políticos, partidarios e institucionales que llevaron al sistema financiero, político y jurídico
de El Salvador al borde del caos y al más profundo desprestigio ante la ciudadanía. Mientras tanto, de manera cínica y totalmente
divorciada de la ética, autoridades locales e internacionales conferían al país un galardón cuestionable y poco creíble como
el país de las oportunidades, de la sonrisa y de las libertades económicas. La realidad es otra muy diferente: los salvadoreños
atraviesan por un período de su historia en el que la marginación, la desigualdad de oportunidades, la inseguridad y la falta
de valores le han borrado la sonrisa, convirtiéndose de paso en el pueblo más violento de la tierra, después de un par de
pequeñas naciones africanas tercermundistas.
El caso INSEPRO-FINSEPRO es uno en que, cansados de tanto abuso,
los afectados recurrieron a todas las acciones legales posibles, incluyendo acciones de calle en señal de protesta. Los abusos
continuaron y la complicidad de funcionarios e instituciones era cada vez más obvia y repugnante. Las instituciones encargadas
de proteger y velar por los intereses de la ciudadanía y hasta la misma Presidencia de la República por intereses particulares o partidarios, por acción u omisión no cumplieron con
la Ley perjudicando a mas de 6,000 personas.
Debido a lo anterior la Asamblea Legislativa creó el Decreto Legislativo 79/97 con el propósito de "proteger" a los
afectados, estableciendo en el mismo, un fideicomiso el cual se manejaría los mas de 700 millones de colones destinados para
este fondo. Desde su inicio, este fondo se prestó para manipulaciones por parte del entonces Superintendente del Sistema Financiero
(actualmente Ministro de Seguridad Pública), quien haciendo caso omiso de la ley, hizo y deshizo a su antojo con la aplicación
del Decreto, llegando a la desfachatez de responder a los reclamos de los Representantes de los Afectados diciéndoles "yo
haré lo que quiera y que si no les gusta métanme preso". En contra de lo estipulado por el Decreto Legislativo, quien pagó
a los Afectados fue esa Superintendencia y no el Fideicomiso. Se pagó arbitrariamente a personas que no tenían derecho según
la ley, dejando afuera a otras que si lo tenían. Así mismo se le pagó a ciertas personas e instituciones en exceso a lo legal
en ciertos casos hasta el 100% en lugar del 68% que manda el Decreto. Nunca permitió dicha Superintendencia que se depuraran
las listas de afectados con el objeto de detectar reclamos indebidos por lo cual se incrementó la cantidad defraudada y se
disminuyó el pago a los legítimos afectados. Todo esto se realizó con el conocimiento de las autoridades correspondientes
y de la misma Asamblea Legislativa, quienes por razones políticas o de otra índole, nunca actuaron para corregir los abusos
y castigar a los que se aprovecharon de sus puestos para nuevamente estafar a los estafados.
La estafa a golpeado profundamente a los afectados, quien en su
gran parte son personas retiradas que invirtieron los ahorros de toda una vida confiados que de esta forma garantizarían su
vejez. Ellos han visto sus sueños truncados a una edad en que nadie les da trabajo y debido al gran impacto varios han adolecido
de enfermedades cardíacas y por falta de poder costearse atención médica y medicinas, han perecido ya más de 50 afectados
y muchos otros se encuentran en situaciones precarias teniendo que vender sus casas para sufragar sus gastos de vida, y muchos
recurriendo a vivir dependiendo del buen corazón de familiares.
En vista de la falta de voluntad política por parte de las instituciones
gubernamentales para actuar y cumplir con su deber, mas de 600 afectados han tomado la decisión de agruparse por medio de
IN/FIN S.A. de C.V. para tomar una acción judicial interpuesta en contra del Estado salvadoreño, demandando de éste y de sus
instituciones de acuerdo a lo que establece el Artículo #245 de la Constitución
de la República, la retribución de más de quinientos millones
de colones que les han sido robados. Con esta demanda se pondrá a prueba la seguridad jurídica del país ya que no existe precedente
legal en la aplicación de dicho Artículo Constitucional. Ganar este caso significará que en el futuro la ciudadanía podrá
pedirle cuenta a los funcionarios públicos, exigirles cumplir la ley, evitar los abusos y arbitrariedades de los mismos, hacerlos
responsables de sus actos o atenerse a las consecuencias. De esta forma, los futuros funcionarios aceptaran los cargos públicos
para cumplir con su deber y no como la mayoría que actualmente aprovechan estos puestos para abusar impunemente de los mismos.
En esta acción valiente y audaz, los afectados son acompañados
del más capacitado y prestigiado abogado del país, el doctor Roberto Oliva, quien, convencido por las abundantes evidencias
que se tienen a mano que incriminan a las más altas instituciones del estado, no ha vacilado en tomar el caso mediante un
sistema de participación en los resultados del juicio
