Iván
Escobar
Redacción Diario Co Latino
La guerra civil que sufrió El Salvador, en la década de los 80´s, dejó una estela de destrucción y muerte,
que a la fecha no ha logrado superarse, y muchos de los familiares de miles de víctimas civiles aún continúan clamando justicia.
El asesinato de tres monjas y una misionera laica norteamericanas, el 2 de diciembre de 1980, es uno de los casos,
que si bien fueron investigados y plasmados en el Informe de la Comisión de la Verdad, de Naciones Unidas, continúan en la impunidad, sostiene Aronette Díaz, abogada y exmagistrada
de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La Comisión de la Verdad señala en el resumen de este caso, que ese 2 de diciembre de 1980, “miembros de la Guardia Nacional de El Salvador detuvieron a cuatro religiosas,
una vez que ellas habían abandonado el aeropuerto internacional (de Comalapa)”.
Las monjas Ita Ford, Maura Clarke, Dorothy Kazel y la misionera laica Jean Donovan, “fueron llevadas a un
lugar aislado, y luego las ejecutaron, disparándoles a corta distancia. En 1984, el subsargento Luis Antonio Colindres Alemán
y los miembros de la Guardia Nacional Daniel Canales
Ramírez, Carlos Joaquín Contreras Palacios, Francisco Orlando Contreras Recinos y José Roberto Moreno Canjura, fueron condenados
por asesinato a 30 años de prisión”, indica el informe.
Las condenas fueron solo para cinco de los autores materiales, en 1984,
contra los autores materiales no se hizo ningún movimiento judicial.
Los generales señalados como responsables intelectuales,
por el mando directo, fueron Eugenio Vides Casanova, quien era el jefe de la Guardia Nacional, y José Guillermo García, a la sazón Ministro de Defensa, cuando se dio el
múltiple crimen. Ambos residen en Estados Unidos.
Los militares fueron declarados inocentes, por una Corte Federal de
Florida, pero posteriormente fueron condenados a pagar $54.6 millones, por un tribunal civil, por el mismo hecho.
Entre las principales conclusiones de este informe, en torno a este caso, destaca que “la detención y ejecución
de las religiosas fue planeada con antelación a su llegada al aeropuerto. El subsargento Luis Antonio Colindres Alemán, cumplió
las órdenes superior de ejecutarlas”.
Además, se concluía que el entonces coronel Carlos Eugenio Vides Casanova, director general de la Guardia Nacional; el teniente coronel, Oscar Edgardo Casanova
Vejar, el comandante del destacamento militar de Zacatecoluca; el coronel Roberto Montenegro, el mayor Lisandro Zepeda Velasco
y el sargento Dagoberto Martínez, entre otros militares, “supieron que miembros de la Guardia habían cometido los asesinatos bajo órdenes superiores. El subsecuente ocultamiento de
los hechos tuvo el efecto de perjudicar el proceso de investigación judicial”.
También el informe de la Comisión de la Verdad destaca, que el Estado salvadoreño “falló en su responsabilidad
de investigar a fondo hechos, y en encontrar a los culpables y castigarlos de acuerdo a la Ley y a lo estipulado por el derecho internacional de los derechos humanos”.
A 26 años de ese crimen, diferentes sectores sostienen que la situación no ha variado mucho y el caso, al igual
que otros, ha quedado en la impunidad.
Rafael Ponseele, párroco de Torola, califica éste como “otro hecho cruel”
de la historia del país, de uno de los períodos más oscuros.
“Es otro hecho absurdo, sin sentido”… (al
recordar esta situación se le cortan las palabras y sus ojos se llenan de lágrimas).
La exmagistrada Díaz, por su parte,
reitera que “es uno de los casos que han quedado impunes en el país… se sabe que fueron asesinadas por personas
vinculadas con órganos de seguridad del estado, y ahí está sin resolverse el caso”.
Para el rector de la Universidad Centroamericana
“José Simeón Cañas” (UCA), José María Tojeira, este mes de diciembre tiene un gran significado para los salvadoreños,
en especial aquellas comunidades que sufrieron los embates de la guerra.
“Hay una serie de aniversarios, este crimen y el de El Mozote, creo que es importante mantener estos aniversarios,
porque es la única manera de crear entre nosotros la convicción de que la memoria puede ser rescatada como un elemento creativo
de paz en el país… la gente lo recuerda hoy, pidiendo que no haya más crímenes, más violencia y que se construya una
paz con justicia.
Hay gente que dice que es abrir heridas, pero yo creo que es sanar heridas”, manifestó Tojeira.
Diferentes sectores coinciden en la necesidad de que estos casos en el país, no sigan en la impunidad, pese al
paso del tiempo.
