TUTELA LEGAL DEL ARZOBISPADO
COMUNICA AL PUEBLO SALVADOREÑO
y a LA COMUNIDAD INTERNACIONAL:
En representación de víctimas
de la Masacre de El Mozote y sitios aledaños, Tutela Legal
del
Arzobispado pide reapertura
judicial en El Salvador de las investigaciones y detención provisional
de los responsables de
este crimen de lesa humanidad.
Tutela Legal del Arzobispado,
con fecha 23 de noviembre
de 2006, en representación de las víctimas de
la Masacre de El Mozote, ha interpuesto una acusación particular en la causa judicial
238/90, seguida ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, Departamento de Morazán. Los aspectos
mas destacados de esta importante acción se exponen a continuación:
1. Antecedentes
La causa fue iniciada por
denuncia penal interpuesta el 26 de octubre de 1990, bajo la asesoría y acompañamiento de Tutela Legal del Arzobispado. ¡Pese
a múltiples obstáculos y omisiones para entorpecer la investigación, promovidos por las mismas autoridades judiciales y fiscales!.
La verdad sobre el horror y dimensión de la matanza ocurrida entre el 11 y 13 de diciembre de 1981, fue plenamente establecida
en el proceso judicial.
Las exhumaciones de los restos
óseos de aquellas víctimas que los sobrevivientes pudieron sepultar tras la
Masacre, ha revelado con rigor científico detalles del atroz suceso. En 1992, los trabajos forenses en la Fosa # 1 de El Mozote (conocida como "el convento"), permitieron
recuperar un mínimo de 143 esqueletos, 136 de los cuales pertenecieron a niños y niñas cuyo promedio de edad era de seis años.
El Equipo Argentino de Antropología Forense, en las investigaciones forenses de los trabajos de exhumación, estableció que
el total de restos óseos recuperados hasta el año 2004 corresponden a un mínimo de 281 personas, el 74% de las cuales eran
niños y niñas menores de 12 años. Dichos obstáculos incluyeron las injerencias ilícitas y arbitrarias del entonces Presidente
de la Corte Suprema de Justicia, Doctor Mauricio Gutiérrez
Castro.
La causa de muerte más recurrente
fueron lesiones provocadas por proyectiles de arma de fuego.
La prueba incorporada al
proceso ha demostrado categóricamente que el crimen masivo fue perpetrado en un amplio operativo militar, iniciado el 8 de
diciembre de 1981, del cual participaron diferentes unidades de infantería de la Fuerza Armada de El Salvador, los cuales contaron con el apoyo de la Brigada de
Artillería y la Fuerza Aérea Salvadoreña. Las ejecuciones masivas de personas fueron
realizadas directamente por los Jefes y tropas del Batallón de Infantería de Reacción Inmediata "Atlacatl". El ataque indiscriminado
contra la población civil de la zona fue dirigido principalmente contra todas las familias campesinas que se encontraban en
los caseríos (El Mozote, Ranchería, Los Tornes y Jocote Amarillo), así como en los cantones La Joya y Cerro Pando, todos del municipio de Meanguera, departamento de Morazán, aunque
también se produjeron torturas y ejecuciones de personas en elpoblado de Arambala del mismo departamento. Tutela Legal del
Arzobispado ha individualizado un mínimo de 809 personas ejecutadas durante la matanza, entre las cuales más de 400 son niños
y niñas.
El caso judicial sobre la Masacre de El Mozote y sitios aledaños fue ilegalmente archivado por
el Juez de la causa el 1 de septiembre de 1994, al aplicar la Ley
de Amnistía General para la Consolidación de la paz
(Ley de Amnistía de 1993) y sobreseer “a todos los miembros del Batallón Atlacatl” que hubiesen participado de
los hechos. Dicha sentencia jamás fue notificada a las partes interesadas.
En la causa judicial no constaban
ni siquiera los nombres de los oficiales que dirigieron la matanza, pues tanto el Juez como los fiscales del caso omitieron
incorporar a la causa el informe de la Comisión de la Verdad, emitido en 1993, pocos días antes de dictarse la vigente Ley de
Amnistía.
2. La reciente jurisprudencia
limitó expresamente los alcances de la Amnistía de 1993
Durante los años recientes,
la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
de El Salvador, así como la jurisprudencia internacional, han establecido claramente que la Ley de Amnistía salvadoreña de 1993 no es aplicable ante casos de violaciones a los Derechos
Humanos. Desde 2000, la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos ha recomendado, en diferentes casos (que incluyen el magnicidio de Monseñor Oscar Arnulfo Romero), la
anulación de la Ley de Amnistía de 1993. En la actualidad la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se encuentra
próxima a dictar su informe final sobre el caso de la Masacre
de El Mozote y sitios aledaños. Bajo estos argumentos de innegable validez y legitimidad jurídica, abogados de Tutela Legal
del Arzobispado, en representación de víctimas de la Masacre
de El Mozote y sitios aledaños, han presentado ante el actual Juez Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera una
acusación particular contra varios oficiales de la Fuerza Armada
cuya autoría ha sido plenamente establecida en las investigaciones de la
Comisión de la Verdad Y Tutela Legal del
Arzobispado.
3. Calificación de los
delitos cometidos
Siendo aplicable al caso
la legislación penal y procesal penal de 1973, los delitos perpetrados por los militares responsables de la matanza son los
siguientes: Asesinato (artículos 153 y 154 Pn); Violación Agravada (artículo 195 Pn); Privación de
Libertad Agravada (artículo 218 Pn); Violación de Morada (artículo 228 Pn); Robo (artículo 241 Pn); Daños
Agravados (artículo 254 Pn); Estragos Especialmente Sancionados (artículo 284 Pn); Actos de Terrorismo
(artículo 400 Pn); y Actos preparatorios del Terrorismo (artículo 402 Pn).
4. Peticiones contenidas
en la acusación
Las principales peticiones
contenidas en el escrito de acusación son las siguientes:
a) Admitir la acusación particular
y revocar, por contrario imperio de la Constitución,
la aplicación de la Ley de Amnistía de 1993 al caso concreto
de El Mozote y sitios aledaños. b) Decretar la continuidad del proceso penal contra los responsables e incorporar al juicio
los informes de las investigaciones de Tutela Legal del Arzobispado y la
Comisión de la Verdad, los cuales establecen
la autoría de diversos oficiales de la Fuerza Armada
en la Masacre. c) Ordenar la detención provisional de los
responsables identificados, quienes son los siguientes:
General José Guillermo
García, Ministro de Defensa y Seguridad Pública, durante el período del uno de noviembre de mil novecientos setenta y
nueve hasta el uno de octubre de mil novecientos ochenta y tres; General Rafael Flores Lima, Jefe del Estado Mayor
Conjunto de la Fuerza Armada, durante el período del
uno de enero de mil novecientos ochenta y uno al uno de enero de mil novecientos ochenta y tres; Coronel Jaime Flores Grijalva,
Comandante de la Tercera Brigada de Infantería en
el mes de diciembre de mil novecientos ochenta y uno; Coronel Alejandro Cisneros, Comandante del Centro de Instrucción
de Comandos de San Francisco Gotera durante el mes de diciembre de mil novecientos ochenta y uno; y General Juan Rafael
Bustillo, Comandante de la Fuerza Aérea de El
Salvador durante el período del diecinueve de octubre de mil novecientos setenta y nueve al treinta Y uno de diciembre de
mil novecientos ochenta y nueve. Asimismo, la detención de los siguientes oficiales del Batallón Atlacatl:
Mayor Natividad
de Jesús Cáceres Cabrera
Capitán Juan
Ernesto Méndez Rodríguez
Capitán José
Antonio Rodríguez Molina
Capitán Walter
Oswaldo Salazar
Capitán José
Alfredo Jiménez
Todos con tales grados militares
e integrantes del BIRI Atlacatl durante el mes de diciembre de mil novecientos ochenta y uno. Igualmente ordenar la detención
de quien fuera el Comandante de la Brigada de Artillería
“Teniente Coronel Oscar Osorio” en diciembre de 1981 (según la información disponible por Tutela Legal
del Arzobispado, fue el Teniente Coronel Luis Adalberto Landaverde).
d) Promover la extradición
del General José Guillermo García, actualmente residente en los Estados Unidos de América.
e) Requerir al Presidente
de la República y Comandante General de la Fuerza Armada de El
Salvador, Señor Elías
Antonio Saca, proporcione la nómina total de los militares que participaron del operativo y los registros militares pertinentes
de la época, así como la identidad de todos los miembros del Alto Mando de Fuerza Armada al momento de la matanza. La acusación
particular contiene un señalamiento a la responsabilidad en el crimen masivo de los siguientes oficiales del BIRI Atlacatl:
Teniente Coronel Domingo Monterrosa Barrios, en ese momento Comandante del, Batallón de Infantería de Reacción Inmediata
“Atlacatl”; Mayor Armando Azmitia Melara, segundo al mando del BIRI Atlacatl al momento de cometerse
los hechos que motivan la presente acusación y Capitán Roberto Alfonso Mendoza Portillo, integrante del mencionado Batallón
en el mismo período. Pese a que la responsabilidad penal de dichos oficiales se ha extinguido por causa de su fallecimiento,
su autoría debe ser judicialmente establecida, en atención al derecho a la
Verdad que asiste a las víctimas sobrevivientes, familiares y sociedad salvadoreña en general.
